Recordemos los pasos del PP al respecto de la educación para la ciudadanía.


Tanto Rajoy como Pilar del Castillo participaron en la gestación de la polémica asignatura

El punto de partida más próximo se remonta a los días 10 y 11 de octubre de 1997, cuando se celebró en Estrasburgo la Segunda Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Consejo de Europa (que, como se sabe, es una organización intergubernamental que agrupa a 47 países europeos). En ella, todos los ministros miembros manifestaron su voluntad de desarrollar lo que llamaron “Educación para la Ciudadanía Democrática”. En esos días la Ministra de Educación era Dña. Esperanza Aguirre, y el Gobierno lo presidía D. José María Aznar.

En Bucarest, en 1999, el Comité de Ministros adoptó la Declaración y el programa sobre la Educación para la Ciudadanía Democrática. Y en Cracovia, en el año 2000, en la vigésima Sesión de la Conferencia Permanente de los ministros Europeos de Educación, se aprobaron los resultados y las conclusiones del Proyecto de Educación para la Ciudadanía Democrática, expresando todos los Ministros el deseo de que el Comité elaborara una “Recomendación” basada en sus conclusiones. En ese año el Ministro de Educación era D. Mariano Rajoy y D. José María Aznar seguía presidiendo el Gobierno.


En octubre de 2002, el Comité de Ministros de los Estados Miembros adoptó la muy importante Recomendación (2002)12 relativa a la Educación para la Ciudadanía Democrática. Este documento, que establece los principios, contenidos y metodologías de la nueva materia, se firmó por todos los Miembros, siendo Presidente del Gobierno D. José María Aznar y Ministra de Educación Dña. Pilar del Castillo.

Al hilo de la Recomendación (2002)12 se declaró 2005 como Año Europeo de la Ciudadanía a través de la Educación. Pero, en España, en 2003, hubo cambio de Gobierno y de partido en el Gobierno, de manera que el nuevo gobierno heredaba los compromisos adquiridos por el anterior. El Gobierno lo presidió D. José Luis Rodríguez Zapatero y fue Ministra de Educación Dña. María Jesús San Segundo.

Simultáneamente, en la mayoría de los países europeos se iniciaron procesos similares para introducir los contenidos y métodos de la Recomendación en sus sistemas educativos. Así, por ejemplo, actualmente, 31 países han implantado de una u otra forma los contenidos de Educación para la Ciudadanía Democrática en los niveles de Secundaria Elemental (lo que corresponde a nuestra Enseñanza Secundaria Obligatoria).

En España, la Ley Orgánica de Educación (L.O.E.), a partir de 2006, siendo ya Ministra de Educación Dña. Mercedes Cabrera, implantó esos contenidos en uno de los dos últimos cursos de Primaria (5º o 6º) y en uno de los tres primeros de la Secundaria Obligatoria (1º, 2º, o 3º), bajo la denominación de “Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos”; en 4º curso de E.S.O. se fusiona con la Ética hasta entonces impartida, denominándose “Educación Ético-Cívica”; y en uno de los dos cursos de Bachillerato, la nueva materia también se fusiona, esta vez con la anterior Filosofía I, pasándose a llamar “Filosofía y Ciudadanía”. Además, los contenidos de Ciudadanía estarán transversalmente (es otra de las posibilidades que daba la Recomendación) en todas las materias a través de la Competencia Básica Social y Ciudadana (una de las ocho habilidades académicas, culturales y sociales que el propio C.E. determinó).

Para establecer y secuenciar los contenidos de cada una de las materias, el Ministerio de Educación consultó con instituciones y asociaciones de todo tipo: Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos, Sindicatos y Patronales de enseñanza; Confesiones religiosas; diversas O.N.G.s y Asociaciones cívicas; Protección Civil, Policía Municipal, Fuerzas Armadas y Dirección General de Tráfico; Asociaciones de Profesores y un largo etcétera.

Los currículos resultantes (el temario de cada materia) se centran fundamentalmente en los previstos en Recomendación (2002)12: vida en comunidad, tolerancia, respeto, derechos humanos, pluralidad, solidaridad, etc.

De todo este proceso se pueden extraer algunas conclusiones bastante evidentes (y objetivas). La primera, que ha sido un proceso razonablemente prudente: diez años (1997/2007) en el que, que en el caso de España, han intervenido dos presidentes de Gobierno (D. José María Aznar y D. José Luis Rodríguez Zapatero) y cuatro ministras y un ministro de Educación (Dña. Esperanza Aguirre; D. Mariano Rajoy; Dña. Pilar del Castillo; Dña. María Jesús San Segundo; y Dña. Mercedes Cabrera).

La segunda: el proceso ni ha sido peculiar ni ha sido distinto en España, sino que forma parte de un proyecto europeo en el que están interesados y al que se han ido sumando todos los países del continente (o están en ello).

Una tercera conclusión es que la Ley Orgánica de Educación (L.O.E.) en vigor actualmente da cumplimiento a la Recomendación (2002)12 del Consejo de Europa y, por ello mismo, al compromiso firmado por el Estado Español (y asumido por los dos Jefes de Gobierno, Aznar y Zapatero que han intervenido en él).

Y aún una cuarta conclusión es posible a la vista de las críticas del arzobispo emérito de Pamplona, y de otras muchas que ha recibido la nueva materia: o bien está acusando a la práctica totalidad de los gobiernos democráticos de Europa de manipulación de mentes, o bien no ha entendido nada de lo que significa (cosa que dudo), o bien pretende defender su propia opción espiritual (e ideológica) y los intereses y privilegios (ideológicos, educativos, morales y hasta económicos) de los que durante tanto tiempo han gozado.

Por mucho que se empeñen, enseñar a nuestros jóvenes los valores de la Declaración Universal de Derechos Humanos; enseñarles el valor del respeto a la dignidad de todos los seres humanos, de la tolerancia positiva, de la no discriminación, del diálogo, de la libertad de conciencia, de la pluralidad y otros tantos valores similares; enseñarles todo eso no sólo no es malo, sino que es bueno para los propios jóvenes y para las sociedades en las que vivirán.


Jesús Pichel Martín es profesor de Filosofía

 

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