NO ES LO MISMO el PP y el PSOE ante la corrupción urbanística


Nada más conocerse la envergadura de la operación policial que se desarrolla en Estepona, instantes después de los primeros registros, el PSOE hizo pública su intención de tramitar la expulsión provisional del partido del alcalde, Antonio Barrientos, y del resto de concejales salpicados por la trama. La reacción del aparato del PSOE malagueño ha sido inmediata y, en cuestión de horas, ha procedido a EXPULSAR del partido al alcalde y ha anunciado que cualquier otro implicado seguirá el mismo camino. En estos casos se ha impuesto el rigor, la seriedad a la hora de abordar el tema con máxima contundencia”. “Los socialistas no dirán lo que dijo Arenas cuando detuvieron al alcalde de Alhaurín de la Torre, donde  hablaba de una doble vara de medir o que si iban por el PP”.

 

Desde la dirección provincial del PSOE se ha anunciado la apertura de expediente, aunque no será definitivo hasta que se confirmen los delitos que se le imputan a los arrestados. Los socialistas demostramos el fiel compromiso de “tolerancia cero” con las prácticas urbanísticas contrarias a la legalidad y mostraron su respeto a las actuaciones judiciales. Esta actuación determinante pone de manifiesto que la política del PSOE es clara  frente a los escándalos urbanísticos y cese inmediato de cualquier cargo público socialista que se vea afectado en algún caso.

 

Así ha ocurrido en todos los casos en que se han visto implicados cargos públicos del PSOE. Se hizo en Ciempozuelos, donde se apartó rápidamente del partido al entonces alcalde, acusado de presunto cobro de comisiones por recalificación de terrenos y blanqueo de dinero o en Catral (Alicante) cuyo regidor fue expulsado tras conocerse que había permitido la proliferación en el municipio de construcciones irregulares.

 

Además no es una casualidad que desde la pasada legislatura estén aflorando escándalos urbanísticos en España, ya que sí están saliendo ahora a la luz, es porque este Gobierno está persiguiendo, como no se había hecho antes estas prácticas y porque ha decidido poner todos los medios que sean necesarios para detectar y acabar con la especulación, las irregularidades y el fraude, ya que la ciudadanía no se merece que se esquilmen los recursos del pueblo.

 

Después de años en los que se dejó hacer, ahora se planta cara a todos aquellos que quieran aprovecharse de las instituciones para enriquecerse ilegalmente. Las políticas en materia del suelo, con la liberalización de este, ha posibilitado que se multipliquen el número de casos.

 

Esta manera de actuar contrasta con la de un Partido Popular que  MANTIENE EN SUS CARGOS PÚBLICOS A DECENAS DE IMPUTADOS POR ESCÁNDALOS URBANÍSTICOS

 

Así lo demuestran casos como:

 

– TOTANA: En noviembre de 2007 es detenido por la Guardia Civil el alcalde de Totana (Murcia) José Martínez Andreo, del PP, y otras seis personas a los que se relacionó con el presunto pago de cantidades millonarias a cambio de favores urbanísticos en la tramitación del Plan de Ordenación Urbana del municipio. Martínez Andreo continúa siendo alcalde y cuenta con el respaldo del Partido Popular.

– CASO FABRA: Contra el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra (PP), hay abiertos varios procesos judiciales, aunque mantiene todos los cargos en el PP de Castellón.  Está imputado como presunto autor de un delito de tráfico de influencias, otro de fraude fiscal y otro de falsedad y por un presunto delito fiscal. En todo momento ha recibido el apoyo de la dirección de su partido y, de hecho, Fabra controló la campaña electoral en Castellón, junto al Secretario General de los populares en esta provincia.

CASO FAYCÁN: Francisco Valido (PP), primer edil de Telde, (Gran Canaria), ha anunciado que no presentará su dimisión, a pesar de que varios miembros de su equipo de gobierno (la concejala de Obras Públicas, la concejala de Fiestas, y la concejala de Aguas) están implicados en una supuesta red de cobro de comisiones en obras públicas y suministro. Se les atribuyen presuntos delitos de malversación de fondos públicos y cohecho. Valido cuenta con el respaldo de la dirección del PP.

– Torrevieja: Pedro Ángel Hernández Mateo, alcalde de Torrevieja (PP) sigue en su cargo y optó a su quinta reelección, pese a que, en ese momento, ya estaba imputado por varios delitos de tráfico de influencias y prevaricación.

– ALHAURÍN EL GRANDE: El regidor Juan Martín Serón y el concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, fueron detenidos en la primera fase de la ‘Operación Troya’ contra la trama de corrupción urbanística en esta localidad malagueña. La juez de Instrucción que se hizo cargo de la investigación del caso, decretó prisión eludible bajo fianza para ambos y les imputó los delitos de cohecho y prevaricación. A pesar del escándalo urbanístico, Juan Martín Serón y Gregorio Guerra no fueron apartados de su partido y concurrieron en las listas del PP en las últimas elecciones municipales. Serón continúa siendo alcalde de Alhaurín.

ARCHIVO ADJUNTO (irregularidades-varias

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