HONOR Y DIGNIDAD


La Ley de Memoria Histórica supone reparar públicamente el honor y la dignidad de los españoles y españolas que, durante largos años, han sufrido, además de la injusticia, la privación de ver cómo no se recuperaba ni su memoria, ni el recuerdo de sus allegados. Con ella se quiere saldar esta deuda que, como sociedad, tenemos con las personas que sufrieron violencia y persecución injustas. Ellos y sus descendientes tienen todo el derecho a reconstruir su propia biografía y a recuperar su memoria individual. Lo que hace esta ley es establecer derechos y medidas de reconocimiento y reparación a las víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura franquista, completando una tarea que empezó en la Transición.
Y lo hace a la luz y en base a los valores y principios democráticos consagrados en la Constitución española. El deber de nuestra sociedad democrática de proceder al reconocimiento moral de todos los hombres y mujeres que fueron víctimas de la Guerra Civil Española, así como de quienes padecieron más tarde la represión de la dictadura franquista. Esta Ley ni hace ni revisa la historia. Esta no es una Ley de intenciones, es una Ley de medidas concretas de reconocimiento y reparación. Nada menos y nada más. Ni hace historia, ni la juzga, ni la revisa. Y así queda reflejado en la propia Exposición de Motivos, cuando deja explicitado que hacer o revisar la Historia corresponde a los historiadores, no al legislador.
Esta Ley culmina un proceso de reconocimiento y de reparación de las víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura franquista que se ha desarrollado durante estas tres décadas, desde la Transición. El espíritu de la Transición que ha dado y da sentido a nuestro modelo constitucional de convivencia es también el que explica todas las medidas y derechos que se han ido reconociendo, desde el origen mismo del período democrático, en favor de las personas que, durante los decenios anteriores a la Constitución, sufrieron las consecuencias de la Guerra Civil y la Dictadura que la sucedió. Proclama el carácter injusto de todas las condenas y expresiones de violencia personal producidas por motivos políticos o ideológicos, durante la Guerra Civil y la Dictadura franquista. Declara la ilegitimidad de los Tribunales y las condenas impuestas en ese periodo por motivos ideológicos o de creencias religiosas. Subraya la carencia actual de vigencia jurídica de aquellas resoluciones contrarias a los derechos humanos. Contribuye a la rehabilitación moral de quienes sufrieron tan injustas sanciones y condenas. Establece el reconocimiento de mejoras de derechos económicos. Prevé medidas para que las Administraciones públicas faciliten a los interesados que lo soliciten las tareas de localización de los desaparecidos. Establece medidas orientadas a dar cumplimiento al derecho de los ciudadanos a que los símbolos públicos sean ocasión de encuentro y no de enfrentamiento o agravio. Hace reconocimiento singular a los integrantes de las Brigadas Internacionales (podrán acceder a la nacionalidad española sin tener que renunciar a la que tengan actualmente) y a las Asociaciones ciudadanas que se hayan significado en la defensa de la dignidad de las víctimas de la violencia política a que se refiere esta Ley. ¿Por qué se ha hecho esta ley? Porque el 1 de junio de 2004, el parlamento transmitió al gobierno el mandato de que la hiciese. El proyecto a su vez es heredero también de otro pronunciamiento histórico hecho por el Congreso de los Diputados el 20 de noviembre de 2002, a través de una declaración aprobada por unanimidad en la que se afirmaba: “El deber de nuestra sociedad democrática de proceder al reconocimiento moral de todos los hombres y mujeres que fueron víctimas de la Guerra Civil Española, así como de quienes padecieron más tarde la represión de la dictadura franquista”. Porque hay personas que NO HAN VISTO SUFICIENTEMENTE RECONOCIDO SU SACRIFICIO, NI HAN PODIDO EJERCER SU DERECHO A RESTAURAR SU BIOGRAFIA Y SU MEMORIA. Porque hay personas que aspiran a VER RESTITUIDO EL HONOR DE SUS FAMILIARES. Porque el Gobierno considera que tiene el deber de amparar a los ciudadanos en sus legítimas demandas.
Se oponen a esta Ley el PP y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). EL PP, que dice cada día de ser el único defensor del espíritu de la Transición (en la que no participó, por cierto). Ha practicado ante esta Ley, precisamente el espíritu contrario: el de la NO CONCILIACIÓN, el de la NO GENEROSIDAD. El PP no ha dicho aún a qué medida concreta se opone. El PP ha hecho una descalificación global de la Ley, atribuyéndole supuestas intenciones y efectos devastadores.

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