LA CORRUPCIÓN NO HA SIDO SUFICIENTEMENTE CASTIGADO EN LAS URNAS


El pelotazo apenas ha sido castigado en las urnas o al menos lo ha sido muy selectivamente. En efecto, la corrupción urbanística ha golpeado con más rigor a los ayuntamientos del PSOE incriminados que a los gobernados por el Partido Popular, un hecho que tiene una doble lectura, una buena y otra mala. La buena es que el ciudadano da por supuesto que la izquierda debe ser ejemplar y castiga a esta con más rigor cuando sus representantes se venden. La mala indica una manga demasiado ancha de los ciudadanos ante el enriquecimiento ilícito o al menos una insuficiente sensibilidad ante el poder corruptor.

Algo ha dicho el electorado pero no parece suficiente: En las filas del PP, Carlos Fabra el incombustible cacique de Castellón, se crece; Francisco González aumenta su mayoría en Mogán, el municipio de Gran Canarias salpicado por el escándalo urbanístico donde el PP consigue un concejal más; Andratx parecía que iba a tumbar al presidente balear Jaume Matas pero los populares cosecharon tres concejalías más; en Alhaurín el Grande los conservadores consiguen mejorar sus resultados; en las Navas del Marqués el popular Gerardo Pérez continuará como alcalde a pesar de sus desmanes contra aquel entorno paradisíaco. En cambio en Ciempozuelos el PSOE pierde dos regidores; en Seseña en la que se reafirma Izquierda Unida el PSOE perdió un edil, y prácticamente hemos sido barridos de Marbella a pesar de no tener culpa en la corrupción urbanística y en cambio el PP que se relacionaba con Roca no ha sido castigado o no castigó al GIL en sus buenos tiempos que hacia caja.

El diario El País del pasado 23 de mayo abría su primera página con una foto cuyo pie rezaba: “El desastre urbanístico de la Costa del Sol, visto desde el aire”. Mi primera impresión fue que aquella imagen en la que se veía una gigantesca muralla de edificios que tapaban el mar y hasta la montaña no era en realidad una foto sino una maqueta tremendista de lo que nos podría ocurrir si no hacíamos algo para evitarlo. Pero no, aquello, está ya allí: la costa malagueña está enterrada por 300.000 viviendas construidas en menos de una década.

Solo el Estado puede tomar las riendas de este asunto y me da la impresión de que la nueva Ley del Suelo que entrará en vigor el próximo 1 de julio no es suficientemente disuasoria. Sin embargo peor es no hacer nada y al menos la nueva norma aumentará la transparencia en el sector, los terrenos serán valorados conforme a su naturaleza y no por las expectativas de futuras reclasificaciones y se reserva el 30 por cien del suelo nuevo a viviendas de protección social. Se ha presentado como una vacuna contra la corrupción pero la experiencia demuestra que la delincuencia, siempre innovadora, camina varios pasos por delante de la norma y de la represión. En todo caso el liderazgo corresponde al Gobierno de la nación que debe marcar caminos éticos y mostrar las consecuencias morales de la corrupción y las secuelas de la destrucción del medio ambiente. Nos jugamos la calidad de vida de los ciudadanos y el mundo de nuestros hijos.

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