Los desmanes urbanisticos del PP


Sólo los tres europarlamentarios españoles del PP que participaban en la comisión de Peticiones, Carlos Iturgáiz, Luis Herrero y Cristina Gutiérrez-Cortines, han votado en contra de un informe que deja en mal lugar las prácticas urbanísticas en las comunidades de Valencia y Madrid, y en la provincia de Almería. El Gobierno valenciano ha sido especialmente amonestado y a las actuales peticiones de la Eurocámara y de la Comisión para que adapte su ley urbanística a la legislación europea podría sumarse en junio la instancia judicial, a través del Tribunal de Justicia Europeo. El informe aprobado por la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PE) se produjo después de la visita de dos europarlamentarios, el conservador polaco Marcin Libicki y el socialista británico Michael Cashman a diferentes localidades de las comunidades de Valenciana y de Madrid, así como a la provincia de Almería. Los gobiernos regionales valenciano y madrileño están en manos del PP, así como la diputación almeriense, la única andaluza gobernada por los populares. El envío de la delegación del PE, que se concretó en los meses de febrero y marzo de este año, se produjo a raíz de las miles de denuncias urbanísticas originadas en estas regiones. El conseller valenciano de Territorio, Esteban González Pons, desdeñó en su momento la presencia de la delegación y puso en duda la existencia de las peticiones ciudadanas, por lo que en el debate de ayer, Cashman acudió con tres baúles con cerca de 15.000 denuncias ciudadanas de irregularidades en la Comunidad Valenciana. El informe aprobado recomienda fortalecer el derecho a la propiedad y la creación de comisiones especiales que arbitren en casos de disputa, como las expropiaciones pagadas a precios injustos, y recuerda que las compensaciones por estos casos deben ajustarse a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia europeo. Estas irregularidades se han denunciado especialmente en Valencia. También detecta “presiones para comprometerse en masivos desarrollos urbanos” y muestra su preocupación por el impacto en la naturaleza de los desarrollos urbanísticos en localidades madrileñas como Galapagar, Torrelodones y El Escorial, advirtiendo de “aves en peligro, falta de un tratamiento de agua apropiado y efectos sobre el tejido social”. El informe se muestra especialmente contundente con el Gobierno regional de Valencia, al que amonesta por no haber querido ni recibir a la delegación europea y por haber incumplido los compromisos adquiridos en dos inspecciones anteriores. En el caso de Almería, los europarlamentarios reflejaron que las autoridades provinciales “admitieron y reconocieron” actuaciones urbanísticas incorrectas y “prácticas ilegales” a cambio de dinero a nivel municipal. Los europarlamentarios españoles del PP fueron los únicos que votaron en contra. Es notorio como los populares españoles “han quedado aislados de nuevo, sin el apoyo de sus compañeros europeos del grupo popular”, una soledad especialmente grave ya que este informe había nacido después de miles de peticiones ciudadanas. Las irregularidades urbanísticas valencianas están siendo investigadas en la Unión tanto por la Eurocámara como por la Comisión, y posiblemente en junio también intervenga la instancia judicial a través del Tribunal de Justicia Europeo.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s