VINCULA AL PP DE MADRID CON LA TRAMA DE MARBELLA


La portavoz adjunta del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ruth Porta, denunció ayer supuestas vinculaciones entre el PP de Madrid y la trama de corrupción de Marbella. Porta aseguró que el Gobierno regional de Esperanza Aguirre (PP) lleva tres años sin ejecutar la orden de derribo que pesa sobre un tentadero construido sin autorización en una finca de Robledo de Chavela, que pertenece a uno de los empresarios detenidos en la trama. El anterior presidente regional, Alberto Ruiz-Gallardón (PP), impuso una multa de 6.000 euros en 2003 a los propietarios de la finca por la construcción del coso ilegal y la obligación de restituir la finca a su estado original. Según los socialistas, el Gobierno de Esperanza Aguirre no ha ejecutado la orden. Porta reclamó ayer a Aguirre que explique “de forma inmediata, clara y creíble” las razones. También acusó al PP de Madrid de haber organizado varias capeas en el recinto taurino. Según Porta, es la misma finca en la que la policía se incautó de dinero, ordenadores y documentación relacionada con los casos de corrupción de Marbella. Un portavoz de la Comunidad explicó que la Administración competente para demoler una obra ilegal es el Ayuntamiento. Sólo en el caso de que no lo haga, la obligación pasa a la Comunidad. Según estas fuentes, los propietarios de la finca trataron de legalizar la situación del tentadero, por lo que el Ayuntamiento abrió un procedimiento urbanístico que aún está abierto. La Comunidad niega trato de favor y asegura que ha multado en seis sanciones a los propietarios en esta legislatura. La finca lleva el nombre de El Pajar Blanco y tiene una extensión de 300 hectáreas, que albergan una yeguada con 30 caballos y una ganadería con 100 toros de lidia. La casa dispone de una bodega de 800 metros cuadrados, con salón, capilla y un escenario. Según la cadena SER, el PP ha celebrado en la finca al menos dos capeas. Una en marzo de 2004 y otra en abril de 2003, organizada por el Ayuntamiento de Moralzarzal. Por otro lado, el último detenido en la Operación Malaya, que quedó el martes en libertad, es el empresario madrileño Julio Blasco-Bazo Garrido, administrador de la empresa Compañía Inmobiliaria Masdevallia, y presunto testaferro del cerebro de la trama, Juan Antonio Roca. Blasco-Bazo está imputado por blanqueo de capitales. Blasco-Bazo es además propietario del 5% de la mercantil One Properties, una de las empresas intervenidas en la operación. Esta compañía vendía los pisos de Nueva Ribera Beach, una urbanización del municipio murciano de Los Alcázares. Desde el inicio de la Operación Malaya, la compañía Masdevallia ha protagonizado numerosos cambios. El pasado 31 de marzo, la empresa protagonizó una ampliación de capital de 302.004 euros, para tres días después reducirlo a 299.004 euros.

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