UNA NUEVA FOMA DE GESTIÓN


Quiero hacer un llamamiento para que todas las Administraciones Públicas ejerzan sus responsabilidades en la definición de modelos urbanísticos de calidad, velen por el cumplimiento de la ley y defiendan siempre el interés común, a través de una gestión democráticamente transparente y éticamente responsable.

Los socialistas nos comprometemos a utilizar el desarrollo urbanístico en beneficio de la colectividad y no de intereses particulares, evitando modelos de crecimiento incontrolado e insostenible, poniendo freno a la especulación y acabando con prácticas administrativas impropias. Para ello proponemos las medidas siguientes:

– Fomentar la participación ciudadana en el proceso de elaboración y gestión del planeamiento urbanístico, como forma de garantizar una mayor transparencia y control democrático.

– Favorecer la cooperación institucional entre Ayuntamientos, CCAA y Gobierno Central, para asegurar un desarrollo territorial equilibrado, sostenible y transparente que evite las prácticas abusivas y especuladoras del suelo.

– Habilitar fórmulas de colaboración entre las Administraciones Públicas y los colegios profesionales que intervienen en el proceso urbanístico para asegurar el cumplimiento de la legalidad.

– Posibilitar ayudas a los pequeños municipios para que puedan ejercer eficientemente el ejercicio de sus competencias urbanísticas.

– Recuperar para la colectividad la parte de las plusvalías que le corresponde con criterios de proporcionalidad, legalidad y transparencia, evitando la utilización impropia de Convenios Urbanísticos o Acuerdos que puedan comprometer la potestad pública del planeamiento.

– Establecer las medidas de control necesarias para que estos ingresos se destinen a facilitar el acceso a viviendas asequibles y a las mejoras urbanas, priorizando las zonas más desfavorecidas.

– Aplicar estrictamente el régimen de incompatibilidades de los responsables políticos y administrativos del control público de la gestión urbanística.

– Reforzar las medidas disciplinarias de los Ayuntamientos y potenciar las subsidiarias de las CCAA, para que las actuaciones ilegales sobre suelos no urbanizables, zonas verdes, espacios protegidos, etc., sean detectadas lo antes posible y sancionadas con dureza.

– Potenciar la figura del Fiscal Especial con atribuciones en Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y Patrimonio Histórico, creada por el Gobierno actual. En definitiva, nos encontramos ante un reto que requiere el compromiso de todos los partidos políticos y de todas las instancias institucionales. Por ello, desde el PSOE apelamos a la responsabilidad de todas las fuerzas parlamentarias, a las que tendemos la mano para lograr un gran acuerdo que garantice que la política urbanística se oriente al interés general y al bienestar social.

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