Por una nueva política urbanística y del territorio.


Recuperar la función social de la vivienda. El suelo tiene que cumplir la función prioritaria de satisfacer la necesidad de acceso a viviendas asequibles. Compromiso de reservar al menos el 25% del suelo residencial para vivienda protegida. Apuesta por el mercado de alquiler como alternativa a la compra de vivienda. (Tal y como se recoge en la nueva Ley de Suelo que actualmente se encuentra en trámite parlamentario)
Hacer ciudades habitables. No propiciar nuevos desarrollos urbanísticos sin servicios educativos, sanitarios y sociales necesarios. Desarrollar ciudades de calidad que aseguren a todos los ciudadanos la igualdad de oportunidades en el acceso a los servicios, a la seguridad y al progreso personal.

Ciudades equilibradas. Propiciar el equilibrio urbano entre la ciudad consolidada y la creación de la nueva ciudad. Dar prioridad a la rehabilitación y recuperación de barrios degradados frente a la construcción de otros nuevos.

Preservar nuestro patrimonio natural. Reforzar la evaluación ambiental de los nuevos procesos urbanísticos. Preservar del proceso urbanizador los suelos especialmente significativos por su valor ecológico, paisajístico o cultural, así como los que se consideren necesarios como reserva de futuro. (Tal y como se recoge en la nueva Ley de Suelo que actualmente se encuentra en trámite parlamentario)

Competir en calidad no en cantidad. Asunción plena de la responsabilidad de las CCAA en la ordenación del territorio mediante la exigencia de Planes Territoriales Supramunicipales. Estos deben fijar criterios y límites razonables al desarrollo urbanístico en el ámbito municipal para que poblaciones de un mismo desarrollo urbano no compitan en función de quién crece más sino en dónde se vive mejor.

Crecimiento ordenado. Establecer límites al crecimiento urbano. Dichos límites deben fijarse en función de una serie de parámetros tales como las demandas económicas y demográficas reales y potenciales existentes en el Municipio; la capacidad de absorber el crecimiento; la dotación y capacidad de los servicios e infraestructuras existentes y el medio natural en que se va a desarrollar.

Perseguir las reclasificaciones indiscriminadas. Dar carácter absolutamente excepcional a las reclasificaciones de suelo no urbanizable y acompañarlas de revisión del Plan General cuando alteren las condiciones del planeamiento vigente o supongan un impacto territorial significativo.

Transparencia informativa. Someter a información pública todos los instrumentos de ordenación y gestión urbanística, incluidos los Convenios Urbanísticos, exigiéndose un resumen sencillo y claro que los ciudadanos puedan entender y saber en qué les afecta. (Tal y como se recoge en la nueva Ley de Suelo que actualmente se encuentra en trámite parlamentario)

Las plusvalías del urbanismo al servicio del interés general. Los beneficios derivados de las recalificaciones de suelo y de una mayor edificabilidad concedida por el planeamiento deben revertir en la sociedad en su conjunto y no en unos pocos. (Tal y como se recoge en la nueva Ley de Suelo que actualmente se encuentra en trámite parlamentario)

Cumplimiento escrupuloso de la legalidad. Potenciar en línea con lo que está haciendo el Gobierno todas las medidas para luchar contra prácticas ilegales y fraudulentas: Nuevas Fiscalías, nuevas unidades de las fuerzas de seguridad especializadas en delitos económicos, más y mejor inspección fiscal.

 

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